Proyecto de Resolución

La H. Cámara de Diputados de la Nación,

Resuelve

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que con relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional creado por ley 23.548, informe sobre las siguientes cuestiones:

1. Monto total de lo distribuido durante los últimos 12 meses.
2. Montos recibidos por cada provincia discriminado mes por mes.
3. Individualizar a cada una de las personas jurídicas a las que les fue acordado cada uno de los ATN, indicando en forma expresa si dichas entidades fueron beneficiadas anteriormente, especificando fecha y monto.
4. Si en los órganos de dirección de las entidades beneficiadas revistan funcionarios públicos de nivel nacional, provincial ó municipal. En su caso indicar de quienes se trata.
5. Programa de distribución de ATN para el año fiscal 1999 por provincia y entidad.
6. Criterio de selección y prioridades que se tienen en cuenta para la asignación de los fondos.
7. Criterios de selección de las personas jurídicas a las que se asignan finalmente los aportes.
8. Solicitudes de ATN pendientes de otorgamiento y en trámite a la fecha.
9. Recaudos que adopta el Poder Ejecutivo para el seguimiento y control de la correcta utilización de los fondos asignados.

Fundamentos

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo ha distribuido en los últimos tiempos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de una manera desaprensiva y arbitraria, beneficiando a algunas provincias y discriminando a otras en función de intereses partidarios o de sector que merecen el más absoluto repudio.

Mientras ninguna provincia recibió más del 4% anual del total de los fondos asignados como ATN, La Rioja recibió más del 30% del total de los fondos disponibles por ese concepto, lo que habla a las claras de la arbitrariedad del Gobierno para manejar los dineros públicos con un criterio clientelista y prebendario.

El diario La Nación, en un editorial de días atrás, estimaba que si la asignación per capita de los ATN a nivel nacional es de 9 pesos, en La Rioja sube abruptamente a la suma de 400 pesos por habitante. La irritante desigualdad no puede dejar de suscitar un absoluto rechazo.

Utilizar los recursos públicos como prenda política, o como cebo para atraer a gobernadores o intendentes a una determinada posición partidaria como se ha visto en los últimos días, es malversar los bienes que el pueblo pone en manos de sus gobernantes y avasallar principios esenciales de la ética republicana.

Otro caso ilustrativo es el de Catamarca, donde la distribución de ATN ha favorecido a las intendencias municipales adictas al justicialismo -en un visible intento de fortalecer a los sectores que sustentan la candidatura a gobernador de Ramón Saadi- y ha sido totalmente hostil, en cambio, al gobierno provincial, de signo partidario opuesto al del poder central. Los datos que han trascendido por la prensa indican que en lo que va del año las intendencias peronistas habrían recibido 4,3 millones de pesos; mas del doble en dos meses de lo que Catamarca recibió en concepto de ATN durante 1994. Más aún, durante el gobierno del Frente Cívico y Social esa provincia norteña recibió en 1996 sólo 300.000 pesos destinados al departamento de Chumbicha, vecino a La Rioja y con intendente peronista; el año último no recibió aportes.

La ley intentó establecer un régimen que permitiera al Estado nacional cubrir situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias, pero esa finalidad quedó completamente desvirtuada por el inmenso margen de discrecionalidad que se puso en manos del Poder Ejecutivo y por no haberse previsto ningún mecanismo de rendición de cuentas, lo que determina que en muchos casos las operaciones no estén debidamente documentadas y resulte difícil investigar lo actuado en cada caso.

También se reclama información sobre los casos en que los fondos han sido otorgados a instituciones, pues existe la sospecha de que no sólo se ha favorecido a gobiernos y funcionarios adictos sino también a grupos privados.

Numerosos trascendidos de prensa han dado cuenta que la lista de beneficiarios incluye la supuesta asignación de ATN dirigidos a una empresa de la provincia de Jujuy y a otra que realiza obras cloacales en la Pampa, vinculadas a un hijo del funcionario que asigna los fondos. También indican que los montos asignados a los proyectos serían sensiblemente superiores al costo real de las obras. No sabemos si la información es veraz, pero la falta de transparencia y publicidad con que se manejan dichos recursos posibilita la sospecha pública sobre el particular.

El problema ha salido a la luz como consecuencia de la enconada disputa interna en el partido gobernante, pero su proyección es más profunda, pues se vincula con deficiencias estructurales que están enquistadas hace tiempo en la cultura política argentina.

Para que hablar del nuevo escándalo suscitado en la Provincia de Entre Ríos, donde una concejal justicialista habría reconocido que un aporte de $ 1.000.000 que se recibió del Gobierno Nacional con destino a una asociación civil de dicha provincia, fue utilizado en parte para la campaña electoral y con un "retorno" del 10% para un colaborador del Ministro Corach. Los dichos de la edil y el destino de dicho aporte del Tesoro Nacional están siendo investigados en la Provincia de Entre Ríos, tanto en sede judicial como en el Tribunal de Cuentas provincial que rechazó la rendición efectuada de dicho aporte.

 

Guillermo Francos Diputado de la Nación

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