INTERVENCIÓN
DEL DIPUTADO GUILLERMO FRANCOS
CONSIDERACIÓN
DE LOS
Consideración
de los dictámenes de las comisiones de Legislación
Penal y de Seguridad Interior en los proyectos de ley
de los señores diputados Larraburu y Quintela
(expediente 4.953-D.-98), Larraburu (expediente
7.168-D.-98) y Pichetto (expediente 1.670-D.-99)
sobre modificación del Código Procesal Penal en
materia de facultades de las autoridades de
prevención.
Sesión
del 16 de Junio de 1999
Sr. FRANCOS.- Señor
presidente: voy a expresar brevemente la posición de
mi bloque respecto de este debate que se ha dado en
llamar de la seguridad o inseguridad. En realidad, ya
llevamos cuatro semanas discutiendo este asunto en
sesiones que no han alcanzado el quórum. Sin
embargo, nuestro país sufre una de las mayores
crisis de los últimos tiempos en materia de
seguridad pública. Nos enfrentamos a un debate en el
que se han planteado reformas al Código de
Procedimientos, mediante las cuales se han
esclarecido algunas atribuciones de los auxiliares de
la Justicia y que resultan fundamentales para sanear
inconvenientes sobre nulidades procesales por la
actuación de estos auxiliares.
Creemos que el tema de fondo que
estamos tratando es la seguridad o la inseguridad en
la Argentina, pero en realidad de ninguna manera es
así. Por supuesto que acompañamos las reformas al
Código de Procedimientos que se proponen, pero no
podemos dejar de señalar que en este aspecto existe
una serie de elementos sustanciales referidos a la
crisis de inseguridad que vive la Argentina, que no
han sido tratados por esta Cámara.
Uno de esos temas, que me parece
fundamental, es el referido a la policía de la
Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a la famosa
discusión que existe entre el gobierno nacional y el
de la ciudad sobre la dependencia de la fuerza que
tiene a su cargo la seguridad en Buenos Aires.
Este es un debate central porque
todas las policías del mundo que han enfrentado
graves crisis de seguridad como la que hoy atraviesa
la Argentina han planteado la descentralización como
una de las medidas más importantes para dar
solución a este flagelo social.
Aquí se ha hablado mucho del
ejemplo de la policía de Nueva York, que ha llevado
adelante una política de endurecimiento de la
acción policial que, por supuesto, ha provocado
cuestionamientos por parte de la sociedad de dicha
ciudad debido a los excesos policiales que se han
cometido. Pero al mismo tiempo ese sistema ha
brindado, sin duda, un nivel de seguridad poco común
en las últimas décadas en esa ciudad tan importante
del mundo.
Pero aquí no se ha hablado de un
sistema absolutamente distinto que se aplicó para
solucionar la crisis de seguridad en la ciudad de San
Diego, que tuvo exactamente el mismo resultado que el
utilizado en Nueva York, es decir, una disminución
del 40 por ciento en el nivel de delito. El sistema
fue similar en algunos aspectos en cuanto a la
descentralización, pero diferente porque en San
Diego se brindó a la comunidad la posibilidad de
tener una participación mucho mayor en la
problemática de la seguridad.
Por supuesto que en ambas ciudades,
además de estas medidas, se utilizaron algunos
aspectos técnicos fundamentales, como por ejemplo el
mapa del delito, del que nosotros carecemos. No
tenemos en nuestro poder, ni siquiera en la ciudad de
Buenos Aires, un mapa completo del delito. Aquí nos
enfrentamos con una grave situación que conspira
contra la posibilidad de brindar una solución real a
esta problemática, que es la omisión de denuncia.
Seguramente cualquier encuesta que
se realice hoy en la ciudad de Buenos Aires o en el
conurbano bonaerense va a demostrar que los
argentinos confiamos tan poco en nuestro sistema de
seguridad y judicial, que no formulamos la denuncia
sobre los delitos de los que somos objeto.
Entonces, a pesar de la extensión
de este debate -que ya lleva cuatro semanas-,
entiendo que debemos poner un poco de atención en el
tema real que estamos considerando. Estamos tratando
de aprobar algunas medidas concretas sobre el
procedimiento judicial en materia criminal. Todos
sabemos que ésta no va a ser una gran solución para
la crisis de inseguridad, pero no hemos generado un
debate sobre otras cuestiones que también tienen que
ver con la seguridad, como por ejemplo la
organización de la propia Policía Federal, tema en
el que este Congreso podría intervenir, o sobre la
transferencia de la Policía a la ciudad de Buenos
Aires, que también es un punto sobre el que el
Congreso podría actuar. Estas cuestiones tienen tal
vez más relación con la crisis de inseguridad que
hoy vive la Argentina, y sobre todo el Gran Buenos
Aires.
Digo esto porque de lo contrario
estamos dandoo pretendiendo dar a la opinión
pública la idea de que en esta Cámara tratamos los
problemas de fondo que se vinculan con la seguridad
en la Argentina, cuando lo cierto es que estamos
considerando una iniciativa que sólo va a permitir
que los procesos judiciales -cuando muy pocos de los
delitos que se cometen llegan al estado judicial-
puedan encauzarse salvando muchos de los
inconvenientes y cuestionamientos que hoy padecen.
Por lo tanto, vamos a acompañar el
proyecto, pero dejando en claro que aún queda
pendiente la realización de un debate en serio sobre
los problemas de seguridad que hoy vive la Argentina