Hom. Cámara de Diputados de la Nación
INFORME PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE BALDRICH
EN RELACIÓN AL
PROYECTO DE LEY DE REFORMA LABORAL
Sesión del 24 de Febrero de 2000
Señor Presidente:
Dada la coyuntura fiscal que atraviesa el país resulta imperioso avanzar en reducir el desequilibrio financiero del sector público para observar la recientemente sancionada Ley de Responsabilidad Fiscal. El cierre de la brecha fiscal, sin embargo, debe lograrse imponiendo los menores efectos adversos sobre la competitividad de la economía y, además, teniendo en consideración cuál ha sido el desarrollo fiscal de los últimos años.
En este sentido, una parte preponderante del deterioro en las cuentas públicas se explica por la evolución dispar del nivel del gasto público entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales. Efectivamente, en oportunidad de firmarse el "Pacto Federal para el Empleo: la Producción y el Crecimiento" en agosto de 1993 las Provincias se comprometieron a que, si la recaudación impositiva crecía de tal modo de llegar a un monto a distribuirse entre las mismas de 800 millones por mes, destinarían el excedente a la cancelación de deudas o a la realización de erogaciones de capital y financiamiento de programas de reformas. Este compromiso provincial fue incumplido y los niveles crecientes de recursos que recibieron las provincias no se destinaron a esos fines sino, por el contrario, se orientaron a financiar niveles crecientes de gastos corrientes. Además, el endeudamiento provincial creció sensiblemente reflejando el desborde de los gastos (cuadro 1).
El aumento del déficit fiscal se explica, en una parte relevante por el incremento en el gasto destinado o las provincias y al incumplimiento provincial del pacto 1993; por otra parte, el incremento en el pago de intereses de deuda es una consecuencia de los desequilibrios fiscales. Efectivamente, el Gobierno Nacional consiguió contener el gasto, especialmente el gasto provisional, que implicó, como muestra el cuadro 3, que las prestaciones provisionales sin incluir las cajas provinciales transferidas permaneciera prácticamente constante entre 1994 y 1999. Esto se logró mediante la Ley de Solidaridad Previsional e implicó un gran sacrificio de los jubilados y pensionados nacionales.
Mientras la Nación y los jubilados y pensionados realizaban estos esfuerzos, el conjunto de gobiernos provinciales incrementó su recepción de transferencias del Gobierno Nacional en más de 4000 millones de pesos entre 1994 y 1999 como lo evidencia el cuadro 2.
Evidentemente ante la actual coyuntura económica caracterizada por la recesión, el estrangulamiento impositivo y el desempleo, resultaría contraproducente asignar el costo del ajuste fiscal requerido nuevamente a las empresas y ciudadanos de todo el país. En este sentido, el ajuste fiscal necesario para retrotraer el déficit a 4.500 millones anuales debe lograrse mediante dos vías. Primero, la reducción de gastos de 1.400 millones de pesos que ha planteado el Poder Ejecutivo. En segundo término, 2.600 millones de pesos adicionales que deberán obtenerse sin incrementar la carga impositiva sino, por el contrario, mediante las tres políticas que se detallan a continuación.
En primer término, y dada la dinámica de las tranferencias a Provincias reseñada, se propugna retener 100 millones de pesos mensuales de las transferencias automáticas destinadas a las Provincias que no provienen de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esto redundará en un monto de 1200 millones de pesos por año que se destinará a financiar el Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta completarlo y, el excedente, se destinará a un Fondo de Garantías del Endeudamiento Provincial.
En segundo lugar, y como instrumento tendiente a reducir los niveles de evasión impositiva, esta iniciativa contempla un capítulo que prevé la bancarización de las operaciones financieras. Se estima que el efecto de esta medida, y del mayor nivel de actividad resultante por no incrementar los impuestos será de 900 millones de pesos anuales.
Finalmente, el hecho de basar el cierre fiscal en una mejora en la eficiencia del gasto público en todos los niveles de gobierno evitando, de ese modo, los efectos adversos sobre la competitividad y el estrangulamiento impositivo, generará una caída inicial del riesgo país y una salida más rápida de la recesión. Este efecto evitará gastos de intereses por el endeudamiento estimados en 500 millones de pesos anuales.
Jorge Baldrich
Diputado de la Nación
