Hom. Cámara de Diputados de la
Nación
INTERVENCIÓN DEL DR. DOMINGO FELIPE CAVALLO
DEBATE EN RELACIÓN AL
AJUSTE PRESUPUESTARIO DISPUESTO POR EL DECRETO 455/99
(Expediente 50-S.-99)
12° REUNION - 5° SESION ORDINARIA
Sesión del 12 de Mayo de 1999
Sr. CAVALLO.- Señor presidente: este año el Poder Ejecutivo ha dictado tres decretos de necesidad y urgencia que introducen variaciones en el nivel del gasto del gobierno nacional y también en el nivel del déficit, violando abiertamente la ley 24.156 de administración financiera, que en materia presupuestaria juega el mismo rol que la ley de convertibilidad en materia monetaria.
Precisamente, fue la ley de administración financiera la que posibilitó que durante siete años consecutivos tratáramos en tiempo y forma los respectivos proyectos de ley de presupuesto. Incluso, en situaciones críticas como la de 1995, luego de una discusión en este recinto, introdujimos variaciones muy importantes en los niveles de gasto y de déficit.
Lo que está ocurriendo este año reedita lo que sucedió durante muchos años de la década de 1980, cuando no se aplicaban buenos principios de administración presupuestaria. En aquella época el Poder Ejecutivo decidía sobre las partidas presupuestarias, y la discusión en el Congreso se realizaba a fin de año. Recuerdo, por ejemplo, que en noviembre de 1988 discutimos el proyecto de ley de presupuesto para el año que se había iniciado, naturalmente, el 1° de enero.
En ese entonces era común que se difirieran gastos. Es decir que se escondían los gastos y los déficit, y las deudas aparecían luego en los presupuestos siguientes. Por eso las estadísticas registran un gran aumento del gasto público en los primeros años de la década de 1990, sobre los cuales siempre hablan tanto el radicalismo como el Frepaso.
También se menciona un supuesto aumento de la deuda, que en realidad no existió, ya que únicamente se pusieron en blanco y negro en las leyes anuales de presupuesto las deudas y los gastos en los que se había incurrido en años anteriores.
Esa práctica de pésima administración presupuestaria se abandonó por varios años, en virtud de lo cual tuvimos un proceso presupuestario ordenado que se prolongó durante siete años consecutivos, lo que prácticamente no había ocurrido desde la organización nacional.
Es muy lamentable que el mismo gobierno que fue capaz de introducir ese tipo de administración presupuestaria, recurriera en 1999 a tres decretos de necesidad y urgencia que no tuvieron como objetivo disminuir gastos, sino aumentarlos o postergarlos, agravando las perspectivas del próximo presupuesto.
El primero de los decretos, que ya debería estar derogado y cuya derogación -acompañado por varios señores diputados- propongo, lleva el número 21 del año 1999 y autoriza un aumento del gasto y del endeudamiento por 700 millones de pesos a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para obras hídricaso de desagües, partida y autorización para endeudamiento que explícitamente había rechazado el Congreso cuando se trató el proyecto de ley de presupuesto. Sin embargo, un decreto de necesidad y urgencia que -reitero- aún no ha sido rechazado por el Congreso autorizó un aumento del gasto de 700 millones de pesos y el correspondiente incremento del endeudamiento. Pero no es el único.
El 12 de abril de este año se dictó el decreto 314, también de necesidad y urgencia, por el que se aumentaron los gastos de los ministerios del Interior y de Defensa y se incrementó el nivel del déficit, trasladando hacia lo que se denomina arriba de la línea partidas que el Congreso había ubicado en el nivel de endeudamiento debajo de la línea de presupuesto, es decir que se violaron expresamente disposiciones de la ley de administración financiera.
Y ahora aparece el decreto 455/99, que es lisa y llanamente una aberración, porque en primer lugar se presenta como recorte de gastos y disminución del déficit lo que simplemente son traslados de obligaciones a atender de este presupuesto hacia el próximo, haciendo obviamente muy difícil el cumplimiento de las metas fiscales en el año 2000 y por supuesto no disminuyendo para nada el gasto ni el déficit que en realidad se van a devengar en 1999. O sea que se trata de un puro maquillaje presupuestario que no contribuye en absoluto a la transparencia que deben tener las cuentas fiscales.
También nos encontramos con algunos recortes que no son razonables, como los que se aplican a las partidas de educación, tal como muy bien ha sido explicado por varios señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra y cuyas expresiones comparto.
Por lo tanto, lo que corresponde es derogar lisa y llanamente los mencionados decretos de necesidad y urgencia, es decir, el 21/99, el 314/99 y el 455/99. Si estos decretos son derogados, el Congreso estará enviando una señal de responsabilidad. Por de pronto, se estarían derogando dos decretos que han autorizado un aumento de gastos y de déficit, uno de los cuales simplemente autoriza postergaciones de obligaciones y agrava la situación presupuestaria del año 2000, y otro establece recortes que no responden a ningún criterio razonable en materia de prioridad en el uso de los fondos públicos.
Pero además el Congreso debe dar el ejemplo revirtiendo errores que se han cometido cuando se trató el último proyecto de ley de presupuesto, porque allí se incorporaron a las partidas de gastos rubros que implicaban un aumento sin la correspondiente contrapartida por el lado del financiamiento. La más clara de todas es una que sólo interesa a los partidos políticos, que es el aumento de un peso a tres pesos por voto, lo cual es realmente un símbolo de lo que no se debe hacer cuando se atraviesa por las dificultades presentes.
Por eso creo que, además de derogar los tres decretos, se debe disponer la realización de una sesión especial la próxima semana para llevar a cabo -tal como lo ha propuesto también el señor diputado Terragno- una discusión muy acabada, rubro por rubro, del presupuesto nacional y tomar decisiones que obliguen a las provincias a efectuar un análisis semejante en este año.
Debemos recordar que existen dos instrumentos muy importantes que hacen a la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Me refiero al Pacto Federal Fiscal, que se aprobó en 1994 y se transformó en una ley convenio, y a la ley federal de educación que tiene la misma característica que aquél.
Para tomar simplemente el tema de la educación, si se observa cuántos recursos federales recibieron las provincias por coparticipación en 1998 comparado con 1995, se va a encontrar un aumento de 5.000 millones de pesos. La ley federal de educación exige que las provincias aumenten el presupuesto para educación a razón del 20 por ciento anual; eso significa que debería haber habido un aumento de 3.000 millones de pesos. Es decir que si se hubiera asignado el 60 por ciento del aumento de recursos que el conjunto de las provincias obtuvieron del orden federal, se podría haber cumplido con la ley federal de educación. En consecuencia, la educación estaría recibiendo en este momento 2.000 millones de pesos más, porque entre 1995 y 1998 el conjunto de las provincias destinó al rubro educación sólo 1.000 millones de pesos en lugar de los 3.000 millones que deberían haber surgido de una correcta asignación de los recursos que sí recibieron las provincias en estos cuatro últimos años, que además era obligatoria conforme a la ley federal de educación.
Estamos en un año electoral. Obviamente, el Poder Ejecutivo sufre dificultades para administrar una situación de transición. Se trata de las mismas dificultades que afrontó el gobierno del ex presidente Alfonsín en 1988 y a principios de 1989. Precisamente en circunstancias como éstas el Congreso de la Nación debe asumir una actitud muy responsable y discutir aquí en detalle todos los aspectos relacionados con la situación fiscal federal, y también de las provincias y de los municipios.
La tarea del próximo gobierno -gane quien ganare en las elecciones- será muy difícil si es que este año no se adoptan decisiones fiscales razonables en todos los niveles gubernamentales.
Por lo expuesto, corresponde que esta Cámara hoy resuelva derogar los decretos números 21, 314 y 455 de 1999, que también lo haga el Senado y que la próxima semana, en una sesión especial, se realice un análisis exhaustivo sobre la ley de presupuesto de la Nación y se adopten decisiones que obliguen al conjunto de las provincias a hacer un examen cuidadoso para determinar en qué medida se está cumpliendo con el Pacto Fiscal Federal y la ley federal de educación. Ello, a fin de que en las provincias se tomen las medidas fiscales conducentes a evitar que se llegue a fin de año con una situación realmente muy gravosa y peligrosa en esta transición política.
Ese es el sentido de los proyectos de ley que hemos presentado los diputados de Acción por la República, del Partido Demócrata de Mendoza, del Partido Liberal, del Partido Autonomista y del Partido Demócrata Progresista -contenidos en los expedientes 2.470-D.-99 y 2.471-D.-99-, que solicito sean incorporados a la consideración del asunto en debate. (Aplausos.)
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