INTERVENCIÓN
DEL DR. DOMINGO FELIPE CAVALLO
DEBATE
EN RELACIÓN AL
Régimen
para la administración de los recursos públicos
de los poderes del estado nacional.
TAMBIÉN
LLAMADO PROYECTO DE CONVERTIBILIDAD FISCAL
Intervención
del Diputado Domingo F. Cavallo
Sesión
del 30 de Junio de 1999
Sr. CAVALLO.- Señor presidente: nuestro
bloque va a votar a favor de la ley de solvencia
fiscal propuesta por el señor diputado Remes
Lenicov. Sin embargo, quiero señalar que esta
iniciativa no tiene nada que ver con la ley de
convertibilidad que fuera aprobada en el mes de marzo
de 1991, ya que es de naturaleza completamente
diferente.
Es desafortunado que en la prensa y en la
discusión cotidiana se la haya denominado ley de
convertibilidad fiscal, porque la convertibilidad es
una propiedad que da poder a la gente para elegir; en
el caso de la convertibilidad monetaria la elección
fue por la moneda con la que se manejaría. Por lo
tanto, significa quitarle poder al Banco Central y a
las autoridades políticas y económicas para
desvalorizar la moneda.
El muy buen efecto que tuvo la ley de
convertibilidad monetaria, tanto desde el punto de
vista económico como político, se debe precisamente
a que la gente usó ese poder primero para defender
el valor del dinero, de su trabajo, de sus ahorros, y
luego para exigir a la dirigencia política que nunca
le quite ese poder que le asegura estabilidad a esos
ahorros.
También se podría pensar en una ley de
convertibilidad social como la hemos denominado
nosotros- en lugar de esta denominada ley de
convertibilidad fiscal, pero la clave estaría en dar
poder a la gente para asegurar que lo que figura en
el presupuesto asignado a la educación tenga ese
destino a través de ella, lo que figure en el
presupuesto para salud llegue por medio de la gente a
los hospitales, y así el control del buen destino
del dinero que recauda el sector público estaría en
la gente y las partidas no se perderían en
vericuetos burocráticos y de corrupción. Esa será
en el futuro la nueva ley de convertibilidad social
que espero que algún día sancione el Parlamento.
Destaco que a pesar de que algunos señores
diputados votarán a favor y otros en contra de esta
iniciativa, la discusión ha puesto de manifiesto que
existe una preocupación prácticamente unánime en
las distintas bancadas respecto al control del gasto
público y para evitar el descontrol del déficit y
el aumento permanente del endeudamiento.
Espero que en función de esta unanimidad el
efecto que produzca la sanción de este proyecto de
ley sea positivo, es decir, ayude a mejorar las
expectativas respecto al futuro de nuestro país. Sin
embargo, en ese mismo sentido señalo que no creo que
esta normativa constituya un gran aporte, porque
coincido con los que han señalado que en materia
fiscal hay dos conjuntos de normas que son clave. El
primero se vincula con la ley de administración
financiera y control presupuestario, que es una muy
buena ley que debe cumplirse, y el segundo se
relaciona con las leyes anuales de presupuesto.
En este sentido, si hoy hubiéramos dispuesto la
derogación del decreto de necesidad y urgencia 21/99
que firmó el señor presidente de la Nación el 14
de enero de este año, habríamos producido un muy
buen efecto sobre los que miran el grado de
disciplina fiscal de la Argentina.
Es la primera vez que por medio de un decreto de
necesidad y urgencia se modificó la ley de
administración financiera, que es una norma marco
que nunca debería ser modificada por esa vía.
Además se hizo para autorizar el aumento del gasto y
del endeudamiento en obras no prioritarias a ser
contratadas por la Secretaría y de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable.
No habría mejor forma para demostrar la prioridad
que este Congreso de la Nación otorga al control del
gasto y del endeudamiento y al respeto por la ley de
administración financiera, que derogar esa
autorización para gastar y endeudarse más, derivada
del decreto 21/99. Se trata de un pésimo antecedente
porque fue la primera vez que por decreto de
necesidad y urgencia se modificó una ley de esa
jerarquía.
Además podríamos dar una señal muy positiva si
hoy estuviéramos rediscutiendo la ley de presupuesto
para 1999, es decir, la ley vigente; y si
incluyéramos en esa ley un condicionamiento a las
transferencias pendientes desde la Nación a las
provincias de aquí a fin de año, a fin de que se
dé estricto cumplimiento por parte de las provincias
al Pacto Federal Fiscal en todo lo vinculado con el
control del gasto y la eliminación de impuestos
distorsivos.
Si las provincias hicieran en los próximos tres
meses lo que no hicieron en los tres últimos años,
leyeran y releyeran el Pacto Fiscal Federal y se
guiaran en las decisiones que tienen que tomar con lo
que se comprometieron a hacer en ese Pacto,
comenzaríamos a ver una solución al gravísimo
problema fiscal que estamos viviendo en este momento.
Una discusión del presupuesto para 1999 debería
llevar a la eliminación de partidas innecesarias o
superfluas y demostrar que no sólo prometemos
disciplina fiscal para el futuro, sino que la
comenzamos aplicar aquí y ahora porque sin duda
estamos enfrentando una verdadera situación de
emergencia fiscal.
También hubiera sido una buena señal haber
derogado hoy el impuesto a los automotores, por lo
menos en lo que respecta a las empresas de
transporte. Es una aberración que se exija que
paguen el 1,5 por ciento del valor de sus
herramientas de trabajo a quienes prestan servicios
de transporte, tan importantes para el buen
funcionamiento del resto de la economía.
En síntesis, vamos a votar a favor de este
proyecto, sobre todo para que nadie interprete que
falta voluntad en este Honorable Congreso para poner
límites al gasto y al déficit excesivos.
Sería muy productivo que hoy nos abocáramos a
dar muestras de disciplina fiscal. Todos los miembros
de este Congreso deberían dar el ejemplo y hacer un mea
culpa sobre aquella resistencia equivocada a un
veto del Poder Ejecutivo cuando por intereses
corporativos, como es el caso de los tres pesos por
voto asociados a las campañas electorales
insistieron no digo "insitimos"
porque los tres diputados de Acción por la
República en ese caso acompañamos el veto del Poder
Ejecutivo- para que se triplicara el aporte por voto
para la próxima campaña electoral. Obviamente,
desde el Congreso deberíamos estar dando el ejemplo
en materia de disciplina fiscal.
Entre paréntesis, el gasto enorme que se está
haciendo en las campañas electorales no es
precisamente un buen ejemplo en momentos en los que
debería existir una fuerte austeridad. En síntesis,
más allá de que votemos afirmativamente este
proyecto de ley, es urgente que en esta Cámara nos
aboquemos al tratamiento del problema fiscal federal
y de las provincias con referencia al año en curso
antes de las elecciones.