Sobre la Devaluación Buenos
Aires, enero de 2002. Estimados
amigos/as:
Los sectores parlamentarios que apoyan el gobierno del
presidente Duhalde (PJ, UCR, FrePaSo)
aprobaron el fin de semana pasado la “Ley de
Emergencia Pública” por la cual se derogó el régimen
de convertibilidad que nos rigiera por casi once años. Es
nuestro deseo y nuestro anhelo que la Argentina consiga la
recuperación mediante las nuevas medidas adoptadas, pero es
nuestra responsabilidad también señalar que la
devaluación de nuestro signo monetario traerá aparejada la
depreciación de sueldos y jubilaciones, la remarcación de
precios, el desabastecimiento de productos escenciales y el
riesgo cierto de volver a la inflación.
Como nosotros mismos afirmáramos a principios de
diciembre, el ciclo de la convertibilidad se hallaba afectado
por el control de cambios y la restricción a la extracción
de depósitos impuesto por el gobierno de la Alianza, y porque
la paridad un peso - un dólar se había convertido en una
peligrosa ficción con la brutal caída de las reservas
producida en el mes de diciembre de 2001. Pero
hay que hablar con franqueza: el presidente Duhalde argumenta
la necesidad de “cambiar el modelo” y sincerar la economía
porque el Estado está quebrado, pero hay un serio error de
diagnóstico al afirmar que la convertibilidad es la causa de
ese quebranto. La quiebra se produce justamente porque no
se cumplió con la condición necesaria que dicho sistema
impone: el equilibrio fiscal. Mientras el Estado entraba
en crecientes déficits fiscales mantenía la convertibilidad
gracias a la constante suba de la deuda pública. En rigor lo
que se hizo fue emitir pesos para financiar el déficit del
estado contra dólares surgidos del endeudamiento del sector público.
Cuando se acabaron los préstamos externos y entramos en
default técnico, se hacía indispensable alcanzar el déficit
cero. Y acá falló el liderazgo político del ex
presidente De la Rua para poner en caja las cuentas
desmadradas. Y eso, lamentablemente, tampoco lo entendió
–salvo cuando ya era muy tarde- el creador de la
convertibilidad, Domingo Cavallo.
El colapso del estado argentino como resultado de la
falta de fondos propios (recaudación fiscal) y de préstamos
externos (emisión de deuda pública, blindaje, etc) no
significaba necesariamente abandonar la convertibilidad como
remedio milagroso para solucionar los problemas estructurales
de la Argentina, que son los que generan la falta de
competitividad de
nuestro país. Son atendibles las razones expuestas por el sector exportador respecto de la dificultad que el 1 a 1 aparejaba para competir en el mundo. Pero no debe olvidarse a la hora de hacer este análisis la inusual revaluación del dólar en la última década y la caída de los precios de nuestros commodities. A pesar de esto, la Argentina tiene un saldo comercial positivo del orden de los u$s 6.000 millones anuales. Esto
nos remite, entonces, a la enumeración de las causas
estructurales que motivan la crisis de nuestro país: gigantismo
e ineficiencia del aparato burocrático del estado, corrupción
asociada al manejo de los asuntos públicos, crisis del
sistema de coparticipación federal de impuestos, falta de una
política tributaria que desaliente la evasión, no sea
confiscatoria y no trabe la producción privada y agotamiento
del sistema de representatividad política. Ninguna de
estas causas han sido contempladas en la ley que ha sancionado
el Congreso. Por ende, los problemas argentinos subsistirán. Cualquier
argentino de más de 30 años ya sabe como sigue esto: la
devaluación nominal pronto es esterilizada por aumento de
precios, que a su vez impulsan otro retoque en el tipo de
cambio y una nueva oleada de aumentos. Se podrá decir que
esta vez es diferente porque la depresión de la economía
hace más dificultoso el traspaso a precios. Pero también es
posible tener inflación con recesión. Las
nuevas medidas económicas ponen todo el acento en la política
cambiaria y monetaria. Asistiremos a una época de fuerte
intervencionismo del Estado que irá decidiendo como quedarán
los precios, las tarifas, los salarios, las deudas internas y
externas, los activos, los alquileres, absolutamente todo.
Para reforzar esto, el Congreso delegó por dos años
facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, en condiciones
más gravosas aún de las que se habían concedido por el
plazo de un año al ex presidente De la Rua, que motivaran en
aquel entonces el rechazo del PJ
y las acusaciones de parte del pseudo progresismo
argentino, de que los legisladores que lo aprobaron incurrían
en traición a la patria. Curiosamente, esas voces callaron
ante la nueva delegación de facultades. La
autorización otorgada al PEN para emitir dinero vulnera
definitivamente la independencia del Banco Central y abre la
puerta a la emisión monetaria sin respaldo, antesala de la
inflación. Vuelven como en las peores épocas del país
los controles de cambio –para que no se dispare el dólar- y
de precios –para evitar la inflación-, pero el Estado
no está en condiciones ni de sostener el nuevo precio de la
divisa norteamericana ($1,40) porque no tiene reservas
suficientes, ni de controlar al comercio minorista de todo el
país porque no puede ejercer su poder de policía. Por
otra parte, se pesifican los créditos bancarios de
particulares y de Pymes de hasta u$s 100.000 asegurándole la
diferencia en dólares a los Bancos ( u$s 8 mil millones) con
el impuesto del 20% a las exportaciones de hidrocarburos. ¿ Cómo
harán para sobrevivir las provincias Patagónicas ? Asimismo,
nada se dice en la ley respecto de los depósitos encerrados
en el corralito. Sólo ha dicho el presidente Duhalde que
se garantizará su devolución en la misma moneda en que se
efectuaron. No hay plazos, no hay fechas. ¿De dónde sacará
el gobierno las divisas para devolver los depósitos en dólares
? ¿Acaso emitirá dinero para adquirir reservas ? Además,
inentendiblemente, se deroga la Ley de intangibilidad de los
depósitos que el mismo Congreso había sancionado cuatro
meses atrás. Cuál será entonces, la verdadera intención
del gobierno: ¿devolver la plata o retenerla indefinidamente
? Por
último, se repite el error plasmado en otras leyes de
limitar las acciones judiciales. La ley aprobada consagra
el “per saltum” para que sea la Corte Suprema de
Justicia la que entienda en segunda y última instancia
respecto de los recursos que interpongan los particulares que
se puedan ver afectados por esta ley. Como podemos apreciar,
se terminan aplicando desde el gobierno los mismos mecanismos
que antes se habían criticado desde la oposición. En definitiva, advertimos a la población que la devaluación impuesta por el gobierno sólo agravará la crisis económica que atraviesa nuestro país, poniendo en riesgo la integridad, la libertad y el patrimonio de todos los argentinos, en particular de los que menos tienen y de aquellos que mantuvieron sus ahorros en el país. Volver
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