Documento del
Partido Federal, Distrito Capital Federal
UN AÑO DE
GOBIERNO DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER
LA PROFUNDIZACIÓN
DE UN MODELO QUE ATENTA CONTRA LA REPÚBLICA
A un año de la asunción de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, y atento el cuadro económico nacional e internacional,
encontramos oportuno y necesario efectuar un balance de la gestión
de gobierno y un análisis de las medidas proyectadas para afrontar
la crisis.
Antes de continuar, resulta forzoso recordar que el 15 de junio de
2008, a través del documento titulado “El Partido Federal
contra las retenciones móviles.
La
Plena Vigencia del Federalismo es la única situación
posible”
ya dimos a conocer nuestro parecer sobre la marcha del segundo
gobierno kirchnerista y nuestro rechazo a las políticas de este
gobierno en materia de delegación de facultades, recaudación
tributaria, coparticipación de impuestos y producción
agropecuaria.
Se
puede decir que aquel conflicto desnudó la matriz de pensamiento de
este Gobierno, explicitó su agenda política y aceleró los
tiempos de una crisis económica que tiene mucho más de nacional que
de internacional.
En función de lo señalado, quedarán al margen de este documento
entonces, nuestras consideraciones sobre el conflicto del campo y
todo lo que lo rodeó y centraremos nuestra mirada en los nuevos
escenarios surgidos como consecuencia de la crisis económica
nacional e internacional.
La desaceleración de la economía argentina ya se veía antes de la
crisis de los mercados internacionales y obedeció a inconsistencias
del modelo macroeconómico, a la alta inflación y a la inversión
insuficiente para una demanda que creció incentivada por políticas
fiscales expansivas.
Cristina Fernández de Kirchner no tuvo la suerte de sentarse en el
sillón de Rivadavia cuando los precios de los productos primarios de
exportación subían en forma constante como en la época de su marido.
Nestor Kirchner, en vez de aprovechar esa coyuntura para encarar
reformas estructurales de fondo que atrajeran inversiones y le
dieran competitividad y solidez a la economía, desalentó el ambiente
de negocios, espantó las inversiones, incrementó el gasto público
hasta niveles récord, consumió el stock de capital existente (como
en el caso de la energía) y escondió las ineficiencias de la
economía detrás del llamado tipo de cambio alto, el cual, por efecto
de la inflación ha dejado de serlo.
Luego de 5 años en los que el PBI creció a tasas que se ubicaron
entre el 8,5 y 9,2 por ciento, y con estimaciones en torno al 6,5 o
7% para el promedio general de 2008, la mayoría de los economistas
pronostican un crecimiento de entre 3 y 4 % para el 2009.
El espontáneo enfriamiento de la actividad económica comenzó en
abril mientras se acentuaba la salida de capitales y la cotización
de los bonos argentinos se derrumbaba mucho antes de que colapsaran
los mercados internacionales.
La incertidumbre cambiaria, derivada de la baja de la soja y de
otros commodities, como la devaluación del real, del euro y las
otras monedas, han vuelto a elevar la cifra de fuga de capitales,
que algunos analistas estiman en U$S 25.000 millones. Esta vez, será
más difícil satisfacerla por los ingresos de exportación altos como
sucedió en los meses anteriores. Deberá hacerse cargo el Banco
Central, lo que provocará más temor a devaluaciones, exacerbando el
proceso de fuga y restando fondos para el consumo y la inversión
productiva.
El problema que tendrá el Gobierno es que ya no podrá mantener el
populismo que aplicó hasta ahora. El modelo se agotó. Los síntomas
ya se observaban desde antes del conflicto con el campo. En otros
términos, no hacía falta que se produjera la crisis internacional
para que las inconsistencias afloraran: el país fue demasiado
dependiente la soja y de los commodities en general y no hizo
política fiscal contracíclica por el derroche de gastos de los
últimos tiempos.
Las exportaciones subieron todos estos años, con aumentos muy
fuertes a fines de 2007 y comienzos de 2008. Ahora han tenido una
baja muy significativa por la recesión en los países centrales. Para
este año, el Presupuesto preveía un valor de la soja de U$S 482 la
tonelada, pero ya está por debajo de los U$S 300. Esto significa un
fuerte problema para el fisco: la fuerte caída de los precios
provocará menos ingresos al país, menos gasto interno y
consecuentemente, menos actividad económica.
La política fiscal por su parte, fue cada vez más expansiva: el
superávit primario que en el 2004 había sido del 4% del PBI, el 2007
fue del 2,3%. Esto demuestra que en las buenas, no se acumuló
colchón fiscal: se eligieron los resultados de corto plazo. Chile en
cambio, acumuló un fondo anticíclico del orden del 11% del PBI, con
los recursos “extraordinarios” del cobre, que ahora le serán de gran
ayuda.
Ante
la crisis, el gasto público viene expandiéndose en los últimos tres
meses al 30% anual, cuando en el primer semestre, lo había hecho al
45% y el año pasado al 70%, lo que demuestra la total
responsabilidad del gobierno en la expansión del gasto, generalmente
dirigido a favorecer a los amigos, en forma de subsidios.
Según
un informe del Defensor del Pueblo de la Nación, hasta agosto del
2008, el Estado destinó 7.473 millones en subsidios al sistema
eléctrico. El Poder Ejecutivo destinó en los primeros 8 meses del
2008 subsidios por 1.400 millones de pesos al servicio de transporte
de pasajeros. Entre el 2007 y el 2008, el Gobierno nacional destino
20.180 millones de pesos (U$S 6.715 millones) al subsidio de los
servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y al
sistema eléctrico nacional. La realidad hoy es que, privatizados
o no, los servicios públicos lucen mayor deterioro y peores costos
que en los noventa.
Sugestivamente,
las tarifas portuarias se dolarizaron por un Acta Acuerdo, pese a
que en algunos casos, las ganancias operativas de esas empresas
superaron el 200%.
En cuanto al superávit comercial, sólo la reducción de las
importaciones (por menos demanda interna y mayores restricciones)
contrarresta la perspectiva de caída en los precios de las
exportaciones, especialmente de la soja. Un problema adicional
en este marco es que el 58% de las exportaciones argentinas de
manufacturas industriales se dirige principalmente hacia tres
bloques (Brasil, NAFTA y Unión Europea) que muestran una fuerte
desaceleración económica.
Los sectores que más sufrirán el brusco freno serán el campo, por la
caída estrepitosa del precio de las commodities y la
industria automotriz por la caída de ventas en Brasil, pero también
sufrirán los textiles y los fabricantes de juguetes.
El
resto de los sectores productivos tendrán que afrontar una situación
recesiva en el nivel internacional y un Brasil, nuestro principal
socio comercial, con un tipo de cambio un 33% más alto. Si cuando el
tipo de cambio estaba en 1,56 reales por dólar teníamos saldo
negativo en el balance comercial, la cosa va a ser más complicada de
aquí en adelante.
¿Cómo compatibilizará el gobierno la merma en los ingresos fiscales
con las metas que planteó en el presupuesto para el 2009?
El Gobierno planea auxiliar con un mínimo de U$S 3.000 millones a
las empresas estatales en el año que viene. La presidenta Cristina
Fernández envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2009 que
incluye una megapartida de 9.400 millones de pesos para 13 de las 27
empresas estatales, un 17% más que la registrada este
año.
Como muestra, AySA –la ex Aguas Argentinas- será la más beneficiada:
recibirá 475 millones de pesos para sus gastos y 1.197 millones para
el funcionamiento y la ampliación de la red. E.Nar.S.A. dispondrá de
1.800 millones de pesos como asistencia especial para financiar la
compra de gas a Bolivia, la adquisición de gas natural licuado
–luego regasificado-, la importación de combustible líquido de
Venezuela y el financiamiento del plan Energía Total.
La respuesta fue brutal: la confiscación de los fondos de las
AFJP. Un cheque al portador por 15.000 millones de pesos anuales
(casi 4500 millones de dólares) es lo que le entregó el Congreso al
gobierno de Cristina Kirchner con la ley de estatización de aportes
al sistema de jubilación privada. No es fácil encontrar, aun en la
Argentina, muchos antecedentes de semejante transferencia de
recursos del sector privado al público.
El Gobierno anunció un paquete económico de 13.200 millones de
pesos. Ya habló de tantos destinos posibles que difícilmente ayude
al objetivo de calentar la economía. La Casa Rosada ilusiona a
muchos sectores con créditos subsidiados, con políticas activas para
la industria, con reembolsos a la exportación, impulso a la
fabricación y venta de autos económicos, refuerzos del seguro de
desempleo, aumentos en los planes sociales, reintegros impositivos
para el consumo o fomento a las economías regionales. También con
programas de obra publica. Pero en este terreno, hay insalvables
problemas en la gestión.
Algunas inversiones emblemáticas prometidas desde 2003 por el
Gobierno aun no arrancan. Según datos oficiales, la primera etapa
del plan federal de viviendas que el ex presidente Nestor Kirchner
anuncio en 2004, aun no esta terminado: de las 120.000 prometidas,
en cinco años solo se finalizo el 62%. La segunda etapa, que
consiste en la entrega de 300.000 viviendas que prometió finalizar
para este año, apenas se concreto el 2,2%. Tampoco se finalizo el
plan 700 escuelas. Kirchner había prometido concluirlas en dos años.
A la fecha el gobierno concluyo 576.
Sin
gestión, los anuncios quedan en vacías formulaciones de “burócratas
iluminados” que creen saber mejor que la gente qué se debe producir;
en que cantidades y a que precios debe venderse. Ya han fracasado
estrepitosamente.
Cuando
había viento de cola, el Gobierno incrementó y amplió los controles
de precios con mecanismos que tienen ribetes delictivos. Prohibió
exportaciones y les puso cupos. Intervino el Indec. Acusó a los
ganaderos de lucrar con el hambre del pueblo; adopto medidas con las
que destruyó la actividad ganadera, y luego le echó la culpa de ello
a la soja.
Si en los años que el Gobierno se benefició por el viento de cola
igual recurrió a medidas arbitrarias en materia de política
económica, es de imaginar que ahora, con el viento de frente,
recrudecerán las medidas arbitrarias. Esto puede conducir a que se
destruya lo poco que queda del sistema republicano. La crisis
económica puede conducir a un mayor grado de autoritarismo, en el
que, para enfrentar la crisis, haya que seguir atentando contra la
seguridad jurídica y violando derechos de propiedad. El resultado,
un recorte de los derechos individuales y mayor agresión a las
instituciones.
En su reciente gira por el Magreb, la presidenta aseguró que la
Argentina era un país de oportunidades, que podía producir alimentos
para 400 millones de personas cuando su población era sólo de 40
millones.
¿Qué tipo de oportunidades?
La exportación agrícola se ve cercenada todos los días por la triple
acción de la Secretaría de Comercio, a cargo de Guillermo Moreno; la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo
de Ricardo Echegaray, y la Administración Nacional de Aduanas, a
cargo de Silvina Tirabassi. El régimen de prácticas no podría ser
más engorroso. Los permisos de exportación de la Oncca son muchas
veces denegados por la Secretaría de Comercio. Pero cuando se
consigue superar esa barrera, todavía puede llegar una traba de
último momento de parte de la Aduana.
Esta política antiexportadora le ha valido perder mercados a la
Argentina. Por culpa de ella, los productores son sancionados con un
descuento diferencial que equivale a lo que, en las transacciones
financieras, se denomina “riesgo país”. Ese castigo se traslada
siempre al productor ya que se resta del precio de los productos
agropecuarios.
El costo de estos desmanejos lo pagan los productores, los
exportadores, la balanza comercial y, en definitiva, el fisco. Según
los datos de septiembre pasado, el país exportó 10 millones de
toneladas de granos menos que para la misma época del año anterior.
Se exportó también un volumen de carnes 17 % inferior al que se
registró en el mismo período de 2007.
Además, según las encuestas más recientes del Banco Mundial y de
Transparency International, la Argentina es el país número 113 de
181 para el ambiente empresario, debajo de Uganda y Bangladesh, y
109 de 180 para el nivel de corrupción, debajo de Ruanda y Tanzania.
Es cierto que el país tiene un gran potencial, pero hay obstáculos
que hacen huir a los inversores. En 2007 la Argentina recibió de
inversión directa el 8% de lo que recibió el continente y solo el
40% de lo que recibió Chile.
En esto no hay casualidades sino causalidades. Argentina no respeta
la seguridad jurídica y ejerce ningún control sobre la corrupción en
el gobierno.
A
dos años y medio de la sanción de la reforma del Consejo de la
Magistratura, el Kirchnerismo ha acentuado su injerencia en la
Justicia contribuyendo a que no se investigue a los funcionarios
públicos. A través del sistema impuesto, el oficialismo tiene
derecho a veto, lo que hace que ningún juez pueda ser designado o
sometido a juicio político sin al menos el voto de un representante
del oficialismo.
En materia de control al Gobierno, el kirchnerismo ha neutralizado
la actividad de todos los organismos, ya sean externos como
internos. Así, la Fiscalía de investigaciones administrativas que
depende del Procurador General de la Nación, la Auditoria General de
la Nación, que asiste al Congreso, la Oficina Anticorrupción, que
depende del Ministerio de Justicia y la Sindicatura General de la
Nación, se han visto afectados por restricciones para investigar,
escaso presupuesto, reformas normativas que obstruyen su labor y
cambio de funcionarios.
El caso del Fiscal Manuel Garrido es el ejemplo del velo con el que
el Kirchnerismo pretende cubrir a sus funcionarios. Como resultado
de la última resolución del Procurador Righi, la Fiscalía ya no
podrá intervenir en decenas de causas como las abiertas contra
Guillermo Moreno por la manipulación de índices del INDEC o contra
Ricardo Jaime por sobreprecios en la reparación de
trenes.
Como corolario de este oscuro panorama, la ley de blanqueo
impositivo que envió el Kirchnerismo al Congreso de la Nación
desanda todos los caminos transitados hasta ahora por nuestro país
en materia de control de capitales y contradice las más elementales
políticas aplicadas a nivel mundial para evitar el lavado de dinero
proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el
contrabando de armas.
Argentina pasará así, a ser un paraíso fiscal, anhelado como destino
por delincuentes y por especuladores de ganancia rápida y esfuerzo
corto, pero alejado para siempre del respeto y la consideración de
los países desarrollados del mundo, de donde justamente, necesitamos
que vengan los capitales de riesgo y de producción para sacarnos de
la pobreza y la marginalidad en la que nos hundimos
estrepitosamente. En definitiva, un país muy distinto al que
imaginaron Alberdi y Sarmiento. Una nación muy alejada de lo que su
propia Constitución establece.
No quedan dudas de que el gobierno de Cristina no es más que la
continuación de la obra iniciada por su marido en el año 2003. Es la
profundización de un modelo que atenta contra la república, nos
aleja de la prosperidad y el progreso y coloca a millones de
argentinos en situación de desigualdad dejando a nuestra sociedad a
merced de la desesperación y la violencia.
La crisis económica es tan solo la excusa.
Buenos
Aires, 5 de diciembre de 2008.
JUNTA
METROPOLITANA:
Presidente: Ricardo MARTINEZ; Vicepresidente 1º: Gustavo FORGIONE;
Vicepresidente 2º: Sergio VIOLA; Secretario General: Eduardo
LLORENS; Secretaria de Actas: Maria Laura SELVA; Tesorera: Beatriz
CERVERA; Vocales: Maria Rosa FARAH; Luis FIORENTINI; Carlos
GIRIBALDI; Jimena LLORENS; Daniel VENDITTO; Maria Elsa JORCINO;
Marcelo D’ ALOTTA; Martin BORRELLI.
CONVENCION
METROPOLITANA:
Mesa Directiva: Presidente: Graciela FESCINA; Vicepresidente 1º:
Raul MARISCOTTI; Vicepresidente 2º: Martín GALIOTTI; Secretario 1º:
Maria Paula MARTINEZ; Secretaria 2º: Ligia IBARRA.
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