Sobre
el primer año de gestión CAPITULO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO El presidente Kirchner asumió su mandato un año atrás en medio de fuertes condicionamientos internos derivados de la gravísima crisis económica y social reinante, pero al mismo tiempo, beneficiado por un marco externo muy favorable debido a la fuerte expansión de la economía mundial y a los altos precios de las commodities que exportamos. El mayor condicionamiento estaba dado por la explosiva situación socio económica heredada de la anterior administración justicialista. En efecto, la decisión política y no técnica del ex presidente Duhalde y su ministro de economía, Jorge Remes Lenicov, de devaluar la moneda casi un 200% y pesificar de manera asimétrica destruyó todos los contratos entre privados y entre éstos y el sector público arrasando con la seguridad jurídica y los ahorros de los argentinos. Además, se congelaron las tarifas de los servicios públicos para subsidiar a los consumidores a costa del patrimonio de las empresas prestadoras y de la calidad del propio servicio ahuyentando de esta manera cualquier atisbo de inversión privada.
Las consecuencias sociales derivadas de la salida de la
convertibilidad y de la declaración del no pago de la deuda pública
externa fueron catastróficas. Los índices de pobreza extrema
y de indigencia se dispararon a las nubes: el porcentaje de
pobreza para el total del país pasó de 37,8% en 2001 a 57,5%
en 2002; el de indigencia subió de 13,3% en 2001 a 27,5% en
2002; El desempleo se incrementó de 19,4% en 2001 a 21,8% en
2002. El salario real cayó alrededor de 20%, la inflación
minorista aumentó 46%, el aumento de la canasta básica (artículos
que consumen las clases más carecientes) fue del 75% y el PBI
real cayó 10,9%. (No le faltó razón al presidente Kirchner
cuando afirmó, refiriéndose al problema de las tarifas, que “hubo
una devaluación y una pesificación poco prolija”)
En este contexto, luego de la fortísima caída del PBI
en 2002, la economía mostró en el último cuatrimestre de
2003 señales de recuperación a partir de una política
monetaria austera, el control del valor del dólar y un
moderado incremento de la demanda interna que arrastró el
nivel de actividad. Estas señales parecen haber confundido al
gobierno ya que en sus primeros días, lejos de anunciar
medidas para recuperar la confianza de los inversores y
convocar a la inversión privada, delineó un plan económico
fuertemente apalancado en el estado y la inversión pública. En esa línea, a los cien días de gobierno ya quedaba definida la doctrina económica kirchnerista: el anuncio de un plan de obras públicas en infraestructura –para ello fue creado el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública-, el sostenimiento de un tipo de cambio alto, la permanencia de las retenciones a las exportaciones agrícolas y el congelamiento de las tarifas, entre otras. En un país que no reestablece las condiciones necesarias para provocar la inversión privada, se hace muy difícil pensar en un programa de gobierno que se fundamente en la inversión pública como modelo de crecimiento económico. Cuando la deuda pública no representaba más del 12% del PBI y el Estado disponía de fondos para financiar mayor gasto, al país no le fue bien; ahora que el estado está quebrado y que la deuda pública representa un 120% del PBI será muy difícil que el estado pueda generar ingresos para atender esa “inversión” y además, afrontar el pago de dicha deuda, aunque más no sea, un 75% por debajo de su valor nominal.
Valoración aparte merece el análisis de la
renegociación de la deuda pública que está en cesación de
pagos. La primea conclusión de los anuncios difundidos por el
Ministro Lavagna en el mes de septiembre de 2003 en Dubai es
que la quita que se realizará podría terminar siendo mayor
al 75% nominal anunciado. Probablemente, la pérdida real para
los tomadores de bonos ascienda al 85% considerando que no
contempla el pago de intereses vencidos y no abonados durante
el periodo de cesación de pagos. La segunda conclusión es
que en
la medida en que el gobierno no haga el esfuerzo fiscal
necesario, los vencimientos de intereses sobrevendrán en las
próximas administraciones, por lo que el necesario ajuste se
estaría dejando como pesada herencia a futuras generaciones.
Por último, el gobierno no debería olvidar que casi 50% de
los acreedores de la deuda externa son ciudadanos argentinos,
de los cuales 38% está constituido por los futuros jubilados
que aportan a las AFJP. En este sentido, una negociación que obligue a las AFJP a aceptar bonos pesificados e inversiones forzadas en fondos fiduciarios para obras energéticas o en acciones de ENARSA que se colocarán en la bolsa, no sólo significará una medida arbitraria como la que las obligó en 2001 a ampliar su cartera con bonos de deuda pública (Kirchner calificó de inútiles a los ejecutivos que consintieron esa política), sino un nuevo golpe al ahorro futuro de los argentinos. Se equivocan los que miden el éxito de la reestructuración de la deuda de acuerdo a la mayor quita que se le pueda hacer a los acreedores. Muy por el contrario, del resultado de estas negociaciones saldrá la posibilidad de que algunos se atrevan, después de todo lo ocurrido, a volver a invertir en la Argentina. Si lo único que los acreedores estafados ven es bravuconadas y un país que no está dispuesto a volcar mayor superávit para honrar sus deudas –porque lo va a volcar a inversión pública-, muy probablemente se cierre por mucho tiempo el acceso a inversiones genuinas.
Si los privados no invierten, difícilmente el estado
pueda ocupar ese papel. Según un estudio realizado en base a
datos oficiales, hoy el nivel de inversión en la Argentina es
de menos del 14% del PBI. Si el Estado se ahorrara 1,5% de
superávit primario y los invirtiera, el total alcanzaría a
15,5% del PBI. Eso no alcanza para poner al país en la senda
del desarrollo. En los países de rápido crecimiento, la
relación entre inversión y PBI supera ampliamente el 25%. A pesar de estas restricciones objetivas, el gobierno ha decidido que el estado sea el motor del crecimiento. Para ello se destinará el ahorro fiscal por el no pago a los acreedores, por la redistribución del ingreso vía congelamiento de tarifas –de las empresas a los usuarios y de éstos al estado vía impuestos- y por la no actualización del impuesto a las ganancias y bienes personales -que ha generado el pago sobre beneficios y activos engrosados artificialmente-, y el aumento de la recaudación por la reactivación incipiente. En materia de recaudación, la buena performance del periodo 2003 le permitió al gobierno gastar más de $ 2.000 millones más de lo que estaba en el presupuesto, pero a su vez ahorrarse más de $ 4.000 millones por no pago de intereses allí autorizados. En suma, las erogaciones primarias se incrementaron en más de $ 6.000 millones, es decir que podrán haberse ahorrado U$S 2.000 millones que podrán haberse destinado a mejorar la oferta a los bonistas o a bajar impuestos. Pero la idea de utilizar el superávit primario para financiar planes de obras públicas, como el gasoducto del noreste (el estado sumará U$S 250 millones a los U$S 750 millones que pondrá la empresa Techint), o para crear empresas estatales como ENARSA, que demandará una inversión de $ 1.000 millones, es incompatible con la renegociación de la deuda pública en default. Aquel superávit no alcanza para los dos propósitos. Además, el excedente fiscal se explica más por los impuestos distorsivos (retenciones e impuesto al cheque) que por la evolución del IVA. Hay que ser muy estrictos con las estadísticas: el PBI de la Argentina del año último dio un salto muy grande (8,7%) pero esto todavía está lejos de alcanzar lo que se perdió durante el derrumbe de 2002 (11%). El superávit comercial record de 2002 (U$S 16.000 millones) obedeció mas a un derrumbe de las importaciones que al crecimiento de las exportaciones. Y el que se dio en el 2003 con las importaciones creciendo, responde mayormente al aumento de los precios de la soja y el petróleo. Por su parte, en la microeconomía, las familias no han recuperado su capacidad de ahorro. Mientras hace cuatro años un 30% de las familias de todo el país podían guardar algún excedente, ahora tan sólo puede hacerlo un 3%.
Por su parte, en materia laboral es verdad que en 2003
el empleo creció 10% al crearse 1 millón de puestos de
trabajo (la misma proporción se dio después de la crisis del
tequila), pero también lo es el aumento de la informalidad
laboral: en mayo del 2004 fue del 45,9 % superando el último
récord que arrojó un 44,8% en mayo de 2003. Igualmente la
cifra de desocupados sigue siendo muy alta. Si se toman como
tales a los que tienen planes sociales, la cifra asciende a
2.742.000 desocupados.
A
la economía le sobraba capacidad instalada, dólares debajo
del colchón (según estadísticas del BCRA a abril de 2003
había U$S 35.000 millones) y trabajadores desocupados, por lo
que pudo seguir creciendo sin grandes inversiones adicionales.
Pero la economía padece enormes desajustes estructurales como
los impuestos distorsivos, el retraso de los salarios y de las
tarifas de servicios públicos, el altísimo desempleo y la
falta de crédito.
El superávit primario del 3% pactado con el FMI para
el año en curso es el más alto que la Argentina haya logrado
en décadas y alcanza para cubrir las necesidades. Pero aún con quitas superiores al
70% no es suficiente para 2005, 2006 y 2007 cuando también se
acumulan vencimientos de la deuda nueva (Boden y préstamos
garantizados) por
U$S 15.000 millones que no entraron en la reprogramación
anunciada en Dubai. Según especialistas en la materia, aún
con una tasa de aumento de 4% en el PBI, la economía
argentina tardaría 15 años en volver a mostrar un índice de
desempleo de un dígito. Si el crecimiento fuera de 5% anual
acumulativo, ese lapso se reduciría a 9 años y si alcanzara
a 6%, a sólo 6 años.
En este contexto, la suba salarial anunciada a
principios del mes de mayo que representa 547 millones de
pesos que salen del superávit, puede significar una señal
confusa para bonistas y para asalariados: unos porque insistirán
en que el gobierno argentino mejore su oferta del 85% real y
otros porque la suba no ha sido generalizada y ya ha comenzado
a formarse la fila del resto de los sectores que no se ha
visto beneficiado por el aumento. Estas presiones pueden hacer
naufragar la disciplina fiscal que se intenta desde economía.
Dólar más alto, aumentos
salariales por decreto y precios vigilados: se trata de una
ecuación que en el pasado desembocó en inflación y pérdida
de rentabilidad. No debe descartarse tampoco el tener que atender a situaciones imprevistas como la derivada de la crisis energética, que según algunas estimaciones, podría afectar fuertemente el nivel de actividad industrial y además costarle directamente al fisco la suma de U$S 700 millones por la compra de gas a Bolivia, petróleo a Venezuela y electricidad a Brasil. Para sostener un proceso de crecimiento a base de consumo e inversiones, un componente esencial es la confianza y otro el crédito. En este terreno las señales todavía son confusas. Ni el estado está en condiciones de empujar la economía ni el sector privado sabe muy bien donde están las ventajas y los riesgos de invertir para aumentar la producción y el empleo. En definitiva, de lo que se trata es de pasar de un esquema de reactivación que va agotándose a un esquema de franco crecimiento. Por ahora, la única estrategia de reactivación que se conoce es insistir con la sustitución de importaciones e impulsar un plan de obras públicas cuyo financiamiento es más que dudoso.
Los factores que pueden impulsar el aumento del nivel
de actividad son tres: a) el consumo, b) las exportaciones y
c) la inversión. Por el lado del consumo, no puede esperarse
gran cosa dado que la precaria estabilidad alcanzada hasta
ahora se basa en mantener sumergido el salario real. A pesar
de que la economía tuvo un alza de 8,7% en 2003, la demanda
de artículos de la canasta básica (carne, leche, yerba,
huevos) sigue en iguales niveles que en el peor momento de la
crisis. En general, los niveles de consumo todavía están
lejos de los niveles previos a la devaluación.
Por el lado de las exportaciones, es claro que si se
mantiene el modelo de sustitución de importaciones, lo que se
venda al exterior será solamente los sobrantes de producción
que no puede absorber el mercado interno; en consecuencia no
es lógico imaginar a las exportaciones siendo la locomotora
del crecimiento. Finalmente, las inversiones –la única manera de generar trabajo y reducir la tasa de desocupación- no encuentran un marco de certidumbres –leyes laborales, carga impositiva, volúmenes de venta- que las haga viables. Un caso paradigmático es el del sector gasífero, hoy en el ojo de la tormenta por la crisis energética. El precio del gas en boca de pozo permaneció sin alteraciones desde fines de 2001 hasta hace pocos días –aumentó hasta un 50% según la cuenca gasífera- debido a que el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad que siguió a la devaluación impedía trasladar cualquier ajuste de costos. Este retraso tarifario favoreció el consumo pero dejó sin estímulos a la exploración y explotación acortando peligrosamente el horizonte de reservas, hoy de tan solo 14 años. Ya en octubre del año pasado se alzaron voces para alertar sobre el cuello de botella que se podía provocar a mediano plazo frenando la reactivación industrial.
En este y otros sectores, como el de electricidad, agua
y comunicaciones las compañías, al sostenerse la mejora de precios
relativos sin que se hayan retocado las tarifas en 29 meses,
están subsidiando a los exportadores industriales (químico,
papel y cartón, calzado, textiles, siderurgia básica,
maquinaria agrícola, entre otros) a costa de paralizar
inversiones, reducir planteles y haber entrado en default, del
cual todavía no saben cuando van a salir. Sin embargo
el discurso oficial embate contra todas las empresas de
servicios públicos sin distinción. El gobierno debería saber que no está en la misma situación una industria que se benefició con la devaluación de 2002, la pesificación de deudas, el congelamiento de tarifas, la fuerte caída del costo laboral y que ha ganado mercado con la sustitución de importaciones, que una empresa de servicios públicos en default, con tarifas congeladas e insumos en dólares.
Este cuadro por supuesto se empeora, cuando nuestras
autoridades practican tiro al blanco con empresas de primera línea
que han hecho fuertes inversiones en la Argentina. Cabe
recordar los reproches del presidente Kirchner en Madrid a los
empresarios españoles por no haber previsto la salida de la
convertibilidad, o las groserías del Ministro De Vido con el
ministro de finanzas francés, Francis Mer, cuando le sugirió
no viajar a la Argentina si su intención era conversar sobre
las tarifas. Más cerca en el tiempo, las críticas a Repsol
formuladas desde New York por el presidente Kirchner –los
calificó de extorsionadores- no hacen más que sembrar dudas
sobre la vocación capitalista de este gobierno. El interrogante es hasta que punto el doble discurso oficial no terminará por afectar las expectativas económicas. El caso mas emblemático es el déficit energético. El gobierno disfrazó la crisis, creyó que podía ganar tiempo sin hacer nada y finalmente, perjudicó un poco a cada uno: a las empresas productoras las hizo blanco de su habitual iracundia discursiva y les aumentó al doble las retenciones a las exportaciones, a las industrias les aplica cortes selectivos (200 a 240 por día), a los usuarios de GNC les aumentó 10% el precio del m3 y a los países amigos que importan nuestra energía les hizo "pito catalán". Mientras tanto, el gobierno recibe con aires triunfales el fuel oil de Venezuela como si se tratara de una donación y no como es en realidad, un pésimo negocio para nuestro país en momentos en que el barril de crudo alcanza precios históricos. El propio Ministerio de Economía estima que el costo fiscal de dicha operación podría alcanzar los U$S 500 millones a los que habría que sumarle otros U$S 50 por la compra de gas a Bolivia y U$S 40 millones más por la electricidad de Brasil. En total, casi U$S 600 millones de pérdidas para las cuentas públicas.
Al mismo tiempo, omite decir que los
problemas energéticos condicionarán fuertemente el
crecimiento económico a mediano plazo debido a la probable pérdida
de un punto porcentual de PBI
por la caída del PBI industrial –cada punto menos de
PBI significa dejar de crear 60.000 puestos de trabajo-,
reduciendo los excedentes fiscales esperados y dificultando
cualquier propuesta superadora para salir del default, como
por ejemplo, ofrecer bonos atados a la futura evolución del
PBI. Este cuadro se completa con la desaceleración de la economía mundial, la probable suba de la tasa de interés durante el mes de junio en EEUU, menor flujo de capitales hacia mercados emergentes y la eventual corrección de los precios de los commodities en caso que China también frene el nivel de su crecimiento. Este panorama exige del gobierno dejar la improvisación de lado y abocarse a encarar las reformas de fondo que están pendientes. Asimismo, para no repetir errores del pasado cuando se desaprovechó los beneficios de una economía expansiva para la construcción de un colchón fiscal, el gobierno debería diseñar una política anticíclica para maximizar el ahorro fiscal y poder disponer de él –los mercados voluntarios de deuda están cerrados para la argentina- cuando las circunstancias lo requieran.
Según algunas estimaciones el ahorro primario de este
año será superior a los $ 18.000 millones (más de 4% del
PBI) que incluso podría cumplirse ya a mediados de año. El
gobierno puede determinar cuanto desea utilizar del superávit
fiscal primario para pagar la deuda en default, pero lo que no
debería hacer es desperdiciar el fuerte incremento de los
recursos fiscales para aumentar el gasto primario. El colapso
del 2001 se debió a la incapacidad de implementar una
disciplina fiscal consistente con el esquema de
convertibilidad y de planificar una salida antes de que
circunstancias externas lo hicieran insostenible. Durante el
periodo 1991-1998 de fuerte crecimiento y entrada de capitales
se desaprovechó la oportunidad de realizar el ajuste fiscal y
las reformas estructurales necesarias. La actual recuperación
hace factible que el gobierno evite la característica procíclica
de nuestro comportamiento fiscal pasado y actúe
preventivamente. En un ciclo alcista como el actual, debe analizarse la creación de lo que algunos economistas han denominado Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) que serviría para evitar que se gasten en los próximos años los excedentes fiscales provenientes del sobrecumplimiento de las metas con el FMI. Podría instrumentarse en función de la evolución de los precios internacionales de nuestras commodities, en particular de la soja, el producto que más dólares le da a la caja fiscal de Argentina mediante las retenciones. Experiencias similares existen en Chile con el Fondo Compensador del Cobre y en Venezuela con el Fondo de Inversión para la estabilización económica. En este último caso, fue instrumentado en 1998 como un fondo de inversión. El objetivo para el que ha sido creado es evitar que las oscilaciones de los ingresos petroleros no provoquen cimbronazos en el equilibrio monetario y cambiario del país. Es un caso parecido a Chile, sólo que en vez del cobre son barriles de petróleo. El fondo anticíclico acumula cuando el precio del petróleo está por encima del presupuestado y cae cuando el precio internacional se reduce.
La instrumentación de un fondo similar en la Argentina
permitiría contemplar lo que ocurrió el año pasado donde el
superávit fiscal primario nacional fue de $ 9.000 millones
mientras que el pautado con el FMI era de $ 7.790 millones,
situación que podría repetirse este año donde las
proyecciones indican un superávit primario superior a los $
18.000 millones en tanto que el comprometido con el FMI es de
$ 10.000 millones. La diferencia podría destinarse a un fondo
que serviría para evitar sobresaltos económicos en el
futuro.
Como corolario, sostenemos que para que la recuperación
se transforme en crecimiento sostenido en el tiempo es
necesario respetar la seguridad jurídica, garantizando la
estabilidad contractual, las garantías de pago, el derecho de
propiedad y el de los acreedores a sus acreencias; avanzar de
manera decidida en las reformas pendientes: renegociación de
los contratos de servicios públicos, tarifas, compensaciones
bancarias, reestructuración del sistema financiero,
coparticipación de impuestos, reforma tributaria y lucha
contra la evasión. Un país en serio como el que proclama
Kirchner seguramente no volverá a caer en los errores de los
’90, pero tampoco puede permitirse volver al fracasado
modelo estatista, dirigista e inflacionario de los ’70. Buenos
Aires, 24 de mayo de 2004. Autoridades Mesa Directiva Junta Metropolitana: BORRELLI, Martín, Presidente; BERTOL, Paula, Vicepresidente 1º; FORGIONE, Gustavo, Vicepresidente 2º; MARTINEZ, Ricardo, Secretario General; VIOLA, Sergio, Tesorero; CERVERA, Beatriz, Secretaria de Actas; Vocales: FRANCOS, Cristián; CARBONE, Rolando Diego; SELVA, María Laura; FARAH, María Rosa; ANCARANI, Rodolfo. Autoridades Mesa Directiva Convención Metropolitana: FORGIONE, Marcelo, Presidente; VIVAS, Federico, Vicepresidente 1º; FESCINA, Graciela, Vicepresidente 2º; Secretarios: FREDES, Gladys; OLIVETO, Elena; D’ALOTTA, Alejandro. Consejero Nacional por Capital Federal: LLORENS, Eduardo. Volver
a la lista de documentos
|
