Sobre
el primer año de gestión CAPÍTULO DE POLÍTICA NACIONAL Después de la debacle del 2001, se fueron del poder muchos políticos de los que estaban y una nueva generación de dirigentes, con el presidente Kirchner a la cabeza, asumió responsabilidades de gobierno. Estos políticos militaron durante su juventud en la década del ’70, en el peronismo de izquierda, se enfrentaron con Perón a su regreso al país y en la violenta disputa por el poder dentro del justicialismo se enrolaron en los grupos que encontraban inspiración en los movimientos revolucionarios latinoamericanos.
A más de 30 años del apogeo de aquellos grupos, con
un mundo que ha cambiado sustancialmente respecto del de
entonces, esos pensamientos no han abandonado, sin embargo, a
esta camada de dirigentes, la mayoría de ellos, desconocidos
para el gran público y con poca experiencia en el ejercicio
del poder. No
se trata de juzgarlos por lo que fueron en su juventud, sino
de encontrar las razones que expliquen el manejo sectario y
prejuicioso de cuestiones sensibles de la agenda nacional y
del tono siempre beligerante que ha caracterizado al gobierno
de Kirchner en este primer año de gobierno
De manera preocupante, Kirchner se ha caracterizado por
plantear una falsa dicotomía entre buenos y malos, puros e
impuros, donde siempre, de manera invariable, el gobierno se
presenta a si mismo como la encarnación de la redención política,
ya sea para demonizar a la oposición y a las políticas
aplicadas en la década del ’90, o para insistir en la
desacreditación de las fuerzas armadas por su participación
en el proceso militar y de las fuerzas de seguridad por su
probable vinculación con actos de corrupción.
Esta forma de ver las cosas condujo a la sociedad toda
a un clima de cierta crispación en donde además de
descalificarse las ideas, automáticamente se descalifica a
quien las formula por pertenecer a tal o cual sector de los
demonizados por la iracundia discursiva del presidente o de
sus ministros, en particular, del Jefe de Gabinete y del
Ministro del Interior. Incluso, se llegó a forzar la renuncia
de un funcionario – el ex- procurador Sánchez Herrera- por
contar entre sus clientes profesionales a una persona imputada
en una causa vinculada a la desaparición de personas que aún
no tiene sentencia firme.
Este clima de intolerancia interna se trasladó al
campo de las relaciones exteriores, mucho más sutil y poco
acostumbrado a los exabruptos. Así, a poco de asumir, el
presidente embistió contra el Fondo Monetario Internacional
diciendo que la Argentina había demostrado que puede vivir
sin acuerdo del FMI, poniendo en jaque la frágil alianza
internacional que el Ministro de Economía había tejido en
enero de 2003 para sacarle el acuerdo al fondo. Es justo
reconocer que las relaciones con EE.UU. no se vieron heridas
por esas declaraciones altisonantes; peor impacto había
causado el ex presidente Duhalde y no justamente con
declaraciones sino con actitudes concretas: la abstención en
la ONU sobre Cuba, pero especialmente la crítica a la guerra
en Irak, ya habían condicionado la relación.
Conociendo dicha situación, hubiera sido propio de un
estadista vencer las resistencias que dichas actitudes
generaron y no aumentar el clima de beligerancia.
Lamentablemente, el presidente Kirchner actuó más como un
candidato en campaña que como el primer mandatario de un país
que, lejos de poder vivir sin el Fondo –falacia insostenible
ya que con Duhalde se pagaron U$S 5.000 millones a distintos
organismos multilaterales de crédito- necesita de la ayuda
internacional para que el naufragio no se convierta en
desastre. En este contexto, la
suspensión de los ejercicios militares conjuntos en la
provincia de Mendoza o la visita del canciller Bielsa a La
Habana sin atender a los disidentes del régimen castrista,
representaron todo un desatino. No es aconsejable
desplantar a EE.UU. cuando ese país se ha convertido en un
aliado indispensable del nuestro en las negociaciones con el
Fondo y con el G-7.
En el frente interno, el afán revisionista del
presidente hizo blanco en las fuerzas armadas llevando
adelante el relevo más drástico de las cúpulas militares
desde el retorno a la democracia. La diferencia es que en
aquella época se salía del proceso militar y resultaba
conveniente dar vuelta la página de manera categórica. Pero,
¿cuáles fueron los motivos en mayo del año pasado, después
de 20 años de democracia y de sujeción de los militares al
poder civil, para realizar semejante purga? La desconfianza,
el prejuicio, y fundamentalmente, la necesidad de exagerar los
actos de autoridad –sobre un sector impedido de defenderse
en el plano institucional-, seguramente motivaron esa decisión
presidencial.
La embestida contra las fuerzas armadas, innecesaria en una época en que salvo los sectores muy radicalizados,
no existía una demanda social sostenida para reabrir las
heridas del pasado, y desproporcionada a la luz de la
benevolencia con la que el gobierno considera a ex
guerrilleros de la década del ‘70 –muchos de ellos
funcionarios de este gobierno- continuó con la
derogación del decreto que prohibía las extradiciones, la
presión sobre el Congreso de la Nación para que derogara las
leyes de punto final y obediencia debida y se coronó con el
acto revanchista celebrado en la ex escuela de mecánica de la
armada.
Al respecto, hacemos nuestro el lúcido pensamiento del
Interbloque Federal de Diputados Nacionales, que en ocasión
del acto del 24 de marzo, manifestó en un documento público
que “el
proceso selectivo de la memoria contribuye muy poco a la
reconstrucción de los valores de un país en serio. Este
sistema de elegir la historia afín con nuestras ideas y
desechar o despreciar todas las demás, fractura de nuevo la
Argentina, como en las peores épocas del pasado. Cuando los
niveles de intolerancia y desconfianza aumentan, cuando las
personas viven en un estado permanente de revancha y
resentimiento la lógica del poder se mueve hacia los
extremos”. Los actos de vandalismo ocurridos en
distintas dependencias de la ex ESMA y las imágenes de
manifestantes arriando el pabellón nacional de uno de los mástiles
del edificio principal para izar en su lugar una bandera con
la imagen del che Guevara, confirman el acertado juicio de los
diputados nacionales de extracción centrista. El presidente impuso desde los primeros días un estilo personalista, concentrador del poder y expeditivo. Pero abrió demasiados frentes al mismo tiempo. Luego de descabezar a la cúpula de las FF.AA, comenzó la tarea de hostigamiento de algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A diferencia del ex presidente Duhalde, decidió no atacarla en bloque, sino de a uno hasta acabar con los jueces más identificados con la administración del ex presidente Menem. Así, los Dres. Nazareno, Moliné O’ Connor, y ahora Vázquez, pasaron sucesivamente por el banquillo de acusados. El primero renunció, el segundo fue sometido a un juicio político amañado por los diputados y senadores adictos al gobierno y digitado por el propio PEN. Vázquez seguramente seguirá la misma suerte de los otros dos.
La acusación que pesaba sobre la Corte era más política
que técnica: cinco jueces eran cuestionados por su
participación en la llamada “mayoría automática”; la
acusación formal, su firma en un puñado de sentencias
dudosas, a juicio de los inquisidores de la comisión de
juicio político de la Cámara de Diputados de la nación. Pero el trasfondo real de toda
esta movida, debe decirse, fue modificar la composición de la
Corte para cambiar dos posturas que molestaban al gobierno de
Kirchner. Una, la constitucionalidad de las leyes de
obediencia debida y punto final; la otra, eventual, pero
finalmente posible, la redolarización de los depósitos.
Ocho de los nueve jueces de la anterior Corte tenía
posición tomada y escrita aceptando la constitucionalidad de
las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en tiempos
del Dr. Alfonsín. En el tema de los ahorristas, en la causa “Lema,
Armando Enrique s/ Acción de amparo”, la Corte iba a
decretar que fueran los jueces de primera instancia los que
resolvieran de que manera devolver los depósitos, defendiendo
de esta manera el derecho de propiedad consagrado en la
Constitución Nacional. Pero el presidente, en una reacción
de neto corte autoritario, embistió contra la Corte por
cadena nacional solicitando al Congreso de la Nación el
inmediato inicio del proceso de juicio político a su
presidente, Dr. Julio Nazareno.
Esta forma de actuar fue condenada por personas de
indubitable apego a la democracia, como el ex fiscal Julio
Strassera. “Fue fiscal
de la dictadura”, le respondió Kirchner en un gesto que
pinta de cuerpo entero su intolerancia y su visión única del
mundo. Simultáneamente, una iniciativa bien inspirada, pero
mal implementada, comenzaba a tomar cuerpo: el decreto 222/03
que reglamentó la participación del PEN en la elevación de
candidatos a jueces de la CSJN para su aprobación por el
Senado. El primer beneficiado por el citado decreto fue el
abolicionista Eugenio Zaffaroni, mentor del tristemente célebre
Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires. El
mismo gobierno que se rasgó las vestiduras por la corte
menemista, impuso la designación contra viento y marea, de un
jurista que se comprobó que es evasor de aportes
previsionales, que ocultó bienes en su declaración jurada,
que subvaluó propiedades y que omitió declarar cuentas
bancarias en el extranjero. Todo esto en el marco de
un proceso transparente sólo en lo formal porque se desoyeron
las calificadas impugnaciones a su candidatura y porque el
gobierno nunca tuvo real voluntad de que primara la sensatez
por sobre los partidismos: Zaffaroni debía ser juez a
cualquier costo. El costo será la república y la división
de los poderes.
El conflicto con la Corte no sólo agitó las aguas políticas
de nuestro país sino que también preocupó –y mucho- a los
inversores internacionales que manifestaron su preocupación
por la seguridad jurídica. El regreso de la Argentina al
mundo depende en gran medida de que pueda rehacer sus
instituciones; el
derrumbe de su economía no se debe sólo a factores económicos
sino también a la crisis terminal de sus instituciones.
No
es una buena señal entonces, que cada gobierno que llega
ponga a los jueces de su agrado. Que Alfonsín y Menem
–ampliación de la Corte mediante – lo hayan hecho no
significa que sea una buena práctica institucional.
La seguidilla de elecciones provinciales lo puso al
presidente frente a una nueva confrontación, esta vez contra
el PJ. Sus viejas rencillas con el justicialismo histórico lo
hizo apoyar con igual énfasis al rebelado Rovira en Misiones,
que competía por afuera de la estructura del PJ en contra del
duhaldista Ramón Puerta, a Solá en la provincia de Buenos
Aires, bastión de Duhalde y de lo más conservador del PJ, e
incluso a no peronistas como el socialista Binner en Santa Fe
en contra de los candidatos del PJ y de Reutemann, o a Ibarra
en Capital Federal en contra de Macri, aliado del PJ oficial.
En algunas elecciones Kirchner no tenía más remedio como en
la provincia de Buenos Aires; en otras (Misiones, Río Negro) se fue perfilando lo que ahora ya todos conocemos como transversalidad,
el antídoto que al parecer encontró el presidente para
librarse de la presión de un Partido Justicialista en el que
no se siente a gusto.
Estas diferencias irreconciliables con el partido al
que él le debe haber llegado a la presidencia –recordemos
que sin la alquimia de las tres fórmulas justicialistas,
Kirchner no hubiera ganado jamás una interna a presidente
dentro del PJ- generaron turbulencias a lo largo de
todo este primer año de gobierno y también cortocircuitos
con funcionarios muy importantes, como el caso del
vicepresidente Daniel Scioli, eternamente sospechado en los
entornos presidenciales de seguir siendo menemista, a quien
escarmentó en público por opinar que no debían anularse las
leyes del perdón y debían subirse las tarifas de los
servicios públicos.
En el caso de Roberto Lavagna
las diferencias hubieran podido costarle a la Argentina
caerse del mapa. El presidente lo desautorizó frente al FMI
no pagando en término los U$S 2.900 millones de un acuerdo
que ya estaba cerrado y dejando que la Argentina entrara en
default técnico por espacio de 48 hs. para después sí
autorizar el pago y erigirse ante la opinión pública en el
artífice de una negociación exitosa. Este
“éxito” del presidente le costó al país 8 millones de dólares
más por la demora en el pago, pero ni un sólo dólar fresco
del Fondo. Finalmente, a contrario de lo que mostró el
marketing del presidente y el discurso oficial, el Fondo
Monetario aseguró toda su deuda cuando fue uno de los
responsables del colapso de 2001. Es curioso que ambos, Scioli y Lavagna, fueron elegidos en su momento por Kirchner por su alto nivel de aceptación popular, y en el caso específico del ministro de economía, por garantizar un tránsito ordenado de la economía de la convertibilidad a la economía post devaluacionista. Kirchner no tuvo reparos con ellos: también sucumbieron a su estrategia comunicacional.
Las relaciones internacionales del país tampoco han
quedado al margen de la estrategia comunicacional del
gobierno. Néstor Kirchner hace política interna con las relaciones exteriores en
un intento por mostrarse ante el pueblo argentino como un
presidente duro frente a los lobbys internacionales y
solidario con los más débiles. Así, con
representantes de gobiernos extranjeros que tienen empresas
con fuertes intereses económicos en la Argentina,
principalmente prestadoras de servicios públicos –a las que
el presidente ha demonizado junto con toda la década del
’90- el
gobierno fuerza la lectura de los propios actos para que el
pueblo crea que ha actuado de manera dura e inflexible en
defensa de los intereses nacionales. Semejante infantilismo –que alcanzó su pico máximo cuando dijo que a Bush le ganaba por KO- le ha valido incluso que lo desautoricen potencias extranjeras, como fue el caso de España cuando desmintió que Kirchner hubiera desplantado a Jose María Aznar en la cumbre iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra en noviembre de 2003, como jactanciosamente comentaron los allegados de la comitiva argentina. A la temeridad, Kirchner le ha sumado torpeza e irresponsabilidad apoyando y halagando a nefastos personajes como al dictador Fidel Castro –cuyo periplo por Buenos Aires parece sacado de una novela de García Márquez-, a discutibles políticos como el presidente de Venezuela Chávez, a golpistas tercermundistas como el boliviano Evo Morales, y finalmente, a referentes opositores de gobiernos de países hermanos como el candidato del Frente Amplio uruguayo Tabaré Vázquez.
En el caso de Cuba, el gobierno ha llevado a su máxima
expresión el cinismo y el doble discurso. Aparatoso
defensor de los derechos humanos en el orden interno, no ha
observado la misma actitud sin embargo, a la hora de juzgar
las violaciones a los derechos humanos de la única dictadura
que todavía soporta América Latina. “En
Cuba no se violan los derechos humanos, o por lo memos ni mas
ni menos que en otros países del mundo” afirmaba de
manera desvergonzada el nuevo embajador argentino designado en
La Habana. A poco de asumir, el canciller Bielsa se apresuró
a viajar a la isla convirtiéndose así en el primer Ministro
de Relaciones Exteriores argentino en visitar Cuba en 14 años.
Pero ello no le valió sacarle compromiso alguno al dictador
respecto de respetar los derechos humanos o tan siquiera, de
recuperar el dinero que nuestro país le prestó durante el
gobierno de Alfonsín. El cinismo argentino se retoalimentó
con el de Castró: éste llegó a insinuar que pediría a la
Argentina una quita del 75% como la que nuestro país planteó
en Dubai. La pequeña diferencia es que Cuba no sólo nunca
pagó un centavo de capital sino tampoco un sólo dólar de
interés en casi 20 años. Entre 1990 y 2001, Argentina se sumó a la mayoría del mundo civilizado que anualmente, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la isla. En abril de 2003, Duhalde abrió la puerta a la abstención a pedido del entonces candidato Kirchner que se encontraba disputando el voto “progresista”, en uno de los peores momentos del régimen ya que pocos días antes había fusilado a dos balseros que intentaron fugar en un transbordador. Este año, al calor de los nuevos aires setentistas, Kirchner ordenó que la Argentina se abstuviera de condenar a Cuba sin importar los 75 presos políticos y el recrudecimiento de la persecución política. Países más cercanos a Cuba, como México, no pudieron pasar por alto esa situación y modificaron su tradicional voto abstencionista condenando al régimen.
En el orden interno también se mostró muy
contemplativo el gobierno con la denominada “protesta
social”, en especial, con los piqueteros a los que no ha
podido convencer a base de planes sociales y otras dádivas. Kirchner
debería asumir que las imágenes del autoritarismo piquetero
cortando puentes, rutas y caminos, destrozando vehículos o
por caso, incendiando las oficinas de Repsol, constituyen el
peor mensaje de la Argentina a los potenciales inversores. La fortaleza de la democracia reside en que el orden se da dentro de la ley. Después de más de dos años de protestas piqueteras el gobierno ya debiera discernir entre las que responde a un claro proyecto político –mayoritariamente antisistema y de izquierda- y económico –acumular más planes sociales para hacer caja- y los sectores que hacen reclamos legítimos. Es inaceptable en un estado de derecho que grupos de ciudadanos circulen con palos y capuchas so pretexto de reclamar por sus derechos. Eso, hay que decirlo con todas las letras, no es protesta social, es vandalismo y debería recibir urgente respuesta policial y judicial. Permitir que los violentos se adueñen de la calle también es una forma de promover la inseguridad. En materia de seguridad, el gobierno llegó tarde como en el caso de la crisis energética. Atado por sus prejuicios ideológicos, Kirchner no atacó desde el principio el tema de la inseguridad y cuando lo hizo fue sólo para remover comisarios a pedido, generalmente, de organismo de derechos humanos o de familiares de víctimas de la represión policial, como si las purgas por si solas pudieran resolver la situación. La lucha contra la corrupción debe librarse en todos los órdenes, pero eso no significa que se deba caer en generalizaciones injustas y se adopten medidas que dañen la confiabilidad de las instituciones del orden. Pero no se concentró en las reformas legales de fondo o tan siquiera en las instrumentales, como la construcción de cárceles para alojar a miles de detenidos que se hacinan en las comisarías. Recién a los diez meses de gobierno, la valiente actitud del Ing. Blumberg y la contundente movilización popular, sacudió de su quietismo al gobierno, que respondió, como era previsible, con una purga sin igual en la Policía Federal y con un fastuoso plan de seguridad, que incluye capítulos de reforma judicial y política. No se puede dudar de las buenas intenciones del Ministro Béliz ni de la solvencia de sus principales colaboradores, los fiscales -con licencia- Campagnoli y Quantin, pero ello no asegura que sean infalibles a la hora de diseñar reformas tan ambiciosas. Y mucho más si ello ha sido sin escuchar a ningún sector representativo de la sociedad. Fatal consecuencia del estilo K que parece haber infectado a todos los ministros del gabinete, las decisiones se toman por sorpresa, sin debate y las respuestas a quienes se animan a criticar, son demoledoras. El disenso, o tan siquiera, la crítica constructiva son castigadas por el gobierno hasta con persecución judicial, como el caso del Ministro De Vido con la ex diputada Carrió.
La unificación de los fueros federal, de instrucción,
correccional y penal económico de la Capital Federal,
eliminando la especialidad de los magistrados, es una medida a
todas luces desacertada y exagerada, si lo que se quiere es
neutralizar a un puñado de jueces federales sospechados. En
el mismo sentido se expidió la Cámara Federal porteña. Con
la reforma habría 82 juzgados de instrucción que atenderían
desde un simple caso de hurto hasta un secuestro extorsivo. Esto no contribuye al mejor
servicio de justicia ya que no todos los actuales jueces
tienen la especialización necesaria ni la estructura para
llevar adelante semejantes procesos. Por otra parte, Capital
Federal tendría 82 jueces y otros tantos fiscales mientras
que en la zona norte del conurbano, donde está la mayor tasa
de secuestros, hay un sólo fiscal y un puñado de empleados.
Además, esta medida dificultaría el necesario traspaso de la
justicia a la ciudad de Buenos Aires: en el futuro sería más
oneroso y políticamente complejo convertir en
“provinciales” a 82 jueces federales. El anuncio de la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior (una especia de FBI criolla) viene a sumar un organismo federal más a los ya existentes y a cada una de las policías provinciales. Su composición multidisciplinaria supuestamente garantizará profesionalidad para la investigación en todo el territorio nacional de delitos complejos como narcotráfico, contrabando, secuestros y terrorismo. No está de mas destacar que dichas funciones ya las cumple en gran medida la policía Federal, y Prefectura y Gendarmería en sus respectivas jurisdicciones. Lo sensato sería dotar de mayores recursos humanos y materiales a la PFA, una fuerza que por su experiencia y expansión territorial tiene distribución en todo el país. Por su parte, la conformación de una fuerza de intervención rápida -como una suerte de cascos azules-, que pueda actuar en cualquier jurisdicción por pedido de las autoridades locales, prefigura una situación de conflicto con cada provincia respecto del mérito y la oportunidad de su actuación.
En su relación con los otros poderes, el titular del
Poder Ejecutivo ha evidenciado una tendencia peligrosa a
gobernar por decreto prescindiendo de las Cámaras del
Congreso. Como ningún otro, Kirchner dictó 65 decretos de
necesidad y urgencia en los primeros once meses de gobierno.
Este es otro terreno donde el discurso no se condice con los
hechos. No se puede hablar de promover mayor participación y
de devolver las decisiones al pueblo para luego ejercer la
suma del poder público mediante un uso abusivo de estas
herramientas legales. Exhortamos al Parlamento a que rápidamente
reglamente el control legislativo de los decretos de necesidad
y urgencia. Han transcurrido los primeros doce meses de gobierno de Kirchner. La Argentina estaba atrapada en su laberinto cuando Duhalde le dejó la presidencia y hoy, a pesar de todo el discurso oficial, lo sigue estando. Por imperio de la lógica política impuesta por el primer mandatario, algunos males de nuestra cultura política se han agudizado, como la intolerancia con el adversario, la tendencia al hegemonismo, el revisionismo permanente, el culto a la personalidad. Son todos estos, claro está, rasgos nítidos de populismo en un país demasiado acostumbrado a que no le digan la verdad de lo que pasa. Si a esto le sumamos un fabuloso despliegue de propaganda oficial que no repara en métodos para comunicar la historia oficial, estamos frente a un escenario que lejos, de convocarnos a la esperanza y la ilusión, nos despierta dudas y temores sobre el futuro cercano de nuestra patria.
Quiera el gobierno encarar la senda del diálogo
fecundo y constructivo con la oposición, abandonar la visión
única del mundo y del pasado de nuestro país, reconstruir la
concordia entre los argentinos fracturada por el revanchismo
permanente sobre la base de la justicia y de la verdad para
todos y no para un sector, privilegiar la historia y no la
memoria porque ésta es sólo la conciencia de algunos
mientras que la otra es la secuencia irrefutable de los
hechos, buscar el futuro con desesperación y no quedarse
anclado en el pasado, alcanzar la paz social alterada por los
desbordes de algunos violentos que medran con el temor de
muchos, convocar a los más capaces sin importar su
procedencia o su militancia, recomponer los puentes rotos con
la inversión privada nacional y extranjera, para sacar a
nuestro pueblo de la miseria y el atraso. En suma, llevar a
cabo un verdadero plan de gobierno nacional y no tan solo, el
programa electoral de una minoría presuntamente esclarecida. Buenos Aires, 24 de mayo 2004. Autoridades
Mesa Directiva Junta Metropolitana:
BORRELLI, Martín, Presidente; BERTOL, Paula, Vicepresidente 1º;
FORGIONE, Gustavo, Vicepresidente 2º; MARTINEZ, Ricardo,
Secretario General; VIOLA, Sergio, Tesorero; CERVERA, Beatriz,
Secretaria de Actas; Vocales: FRANCOS, Cristián; CARBONE,
Rolando Diego; SELVA, María Laura; FARAH, María Rosa;
ANCARANI, Rodolfo. Autoridades
Mesa Directiva Convención
Metropolitana: FORGIONE, Marcelo, Presidente; VIVAS,
Federico, Vicepresidente 1º; FESCINA, Graciela,
Vicepresidente 2º; Secretarios: FREDES, Gladys; OLIVETO,
Elena; D’ALOTTA, Alejandro. Consejero
Nacional por Capital Federal: LLORENS, Eduardo. Volver
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