Estimados Amigos Federales:

             Ante los sucesos que han motivado la caída del gobierno del Dr. Fernando de la Rúa y la asunción de un gobierno interino, y la incertidumbre que reina en la población, los Federales manifestamos lo siguiente:

  Resulta imprescindible para la adopción de cualquier medida de gobierno garantizar la paz social, el orden legal y el principio de autoridad. Sin ellos, la vida y la propiedad de los argentinos está en peligro. En caso de que se repitan los hechos de violencia de las últimas horas, el estado de sitio debe ser reimplantado.

El gobierno interino deberá garantizar la propiedad y la integridad del patrimonio de los argentinos, evitando la adopción de medidas que alienten o permitan el cambio de signo monetario, la devaluación de la moneda o el repudio de la deuda pública. En cualquiera de estos casos, el futuro de la Argentina estará en riesgo.

Para conseguir equilibrio fiscal sin inequidades como las actuales, las nuevas autoridades deberán empeñarse en la postergada reforma del estado. Por los medios legales que estén a su alcance, hay que llevar a cabo una verdadera y efectiva reducción del costo improductivo de la política, para lo que señalamos nuestra preferencia por una pronta convocatoria a una convención constituyente que garantice una amplia participación de todos los sectores políticos.

Entre las modificaciones a sancionarse citamos: legislaturas unicamerales en las provincias, eliminación y reducción de intendencias y concejos deliberantes, tope a los gastos de funcionamiento de los cuerpos legislativos, adopción de auditorías externas para el control de calidad, reducción de diputados nacionales garantizando la representación de las minorías, eliminación del tercer senador por provincia, entre otras.

El Congreso de la Nación deberá sancionar con urgencia una nueva ley de coparticipación federal que deposite en las provincias la responsabilidad de cobrar y administrar los impuestos, haciéndose cargo de sus cuentas fiscales sin tener que mendigar a la Nación. Aquellas que en un primer momento no estén en condiciones de enfrentar el nuevo sistema, serán auxiliadas por un fondo compensatorio de duración restringida.

El Poder Judicial de la Nación no puede estar al margen del nuevo orden social y económico. Como parte del estado, deberá ajustar su presupuesto y salarios de magistrados y empleados en la misma medida que el resto de la administración pública, sin invocación de privilegios ni prerrogativas de ninguna especie. Claramente, la actual composición del máximo Tribunal de la Nación no goza de la confianza mínima del conjunto de la sociedad por lo que sería otro gesto de grandeza que sus autoridades den un paso al costado.

Por último, resulta indispensable que un nuevo orden se asiente sobre la legitimidad que sólo otorga el voto popular. En tal sentido sostenemos que en el plazo más breve posible, se convoque a elecciones nacionales para presidente y vice de la Nación por un periodo completo de cuatro años.

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